Megaminería imperialista en Ecuador (Caso Buenos Aires)

Los recientes acontecimientos donde la empresa Hanrine, pretende pasar sobre las comunidades para tomarse por la fuerza los territorios concesionados por el estado, son muestra de algunos de los problemas estructurales presentes en los países semicoloniales. Es importante ver que estos acontecimientos muestran la reprimarización de nuestra economía través de la minería a gran escala, la relación servil de nuestros estados con el imperialismo, el papel de la policía como protector de los intereses de la clase dominante, el papel de las ONGs y el reformismo para capitalizar la lucha a intereses particulares, y la lucha justa de los pueblos que se levantan contra la minería a gran escala. Por ello cabe considerar algunos puntos:

• Imbabura es una provincia particular del Ecuador, en ella se ubican parroquias como Buenos Aires que forman parte del Choco Andino, una de las zonas más biodiversas del mundo. Allí también se sitúa una de las reservas de cobre más grandes del mundo y oro en menor medida. (PLAN V, 2021). Este último factor ha despertado el interés de empresas mineras extranjeras, de las cuales ha sido Hanrine a quien se le han concesionado los territorios. Así, la “fiebre del oro y el cobre” han hecho que la minería ilegal e incluso grupos armados también se hagan presentes desde hace varios años, involucrando a las comunidades en problemas relacionados al tráfico de armas, prostitución, contaminación ambiental y lavado de dinero (El Comercio, 2019). Por otro lado, existe un discurso oficial que posiciona el rechazo a la minería ilegal para sentar la validez de la minería legal a gran escala, cuando, según las comunidades, son los mismos agentes del estado (policía, militares, alcaldes, etc) quienes, tras negociados, terminan incorporando en el mercado los productos de la minería ilegal. Estos factores han hecho que exista una diversidad de personajes y posturas en las comunidades sobre la minera, en las que prevalece el rechazo a la minería a gran escala.

• Hanrine es una empresa perteneciente a la multinacional Hancock Prospecting. Esta empresa subsidiaria en Ecuador opera en cuatro cantones de las provincias de Imbabura y Carchi abarcando 23.000 hectárias (Primicias, 2021). La multinacional es de propiedad de Gina Rinehart quien, según la Revista Forbes (2021), es la persona más rica de Australia, cuya fortuna se disparó en el último año, llegando a consolidar 23,6 mil millones. Este es un claro ejemplo de cómo la minería llega a ser uno de los negocios más rentables para los países dominantes, mismos que, por otro lado, se aseguran nuestros recursos naturales a través de millonarios prestamos que deben ser pagos en concesiones territoriales. Mientras la minería a gran escala representa el enriquecimiento de la gran burguesía, las semicolanias continúan atadas a su papel de exportadores de material primas en la división internacional del trabajo

• Las concesiones a Hanrine fueron otorgadas por el gobierno de Lenín Moreno, tras una serie de conflictos suscitados desde el 2011, donde se consolidaban las concesiones a favor de la empresa australiana sobre los acuerdos anteriores con la empresa chilena Codelco (PLAN V, 2021). En todo esto, según la contraloría general del estado (2020), quién tenía la potestad de hacer uso de los derechos preferentes para la explotación minera, era la empresa pública ecuatoriana ENAMI EP; sin embargo, las concesiones se ejecutaron para Hardine sin el pronunciamiento de la ENAMI. Ya en la etapa final del proceso las autoridades de la empresa se pronunciaron alegando no hacer uso de los derechos referidos ya que no contaban con los requerimientos técnico y económicos. Estas declaraciones se dieron sin documentación o estudios que respalden la decisión “ocasionando que la empresa pública, desista de los derechos citados en beneficio del estado”. Por otro lado, en el contexto de la emergencia sanitaria, el COE de Urcuquí dispuso el cese de las actividades mineras en la zona, a lo que Hardine impuso una acción de protección para rechazar esta medida. La corte provincial de Pichincha dio paso a la acción legal y cuestionó al COE alegando que no tiene las competencias para suspender las actividades mineras (Cabascango et al. 2021). Por otro lado autoridades y funcionarios públicos del estado han intentado persuadir a las comunidades para el ingreso de la minera. En todo esto es claro ver el papel servil del estado ecuatoriano y sus instituciones frente a los países imperialistas, incluso de una potencia de menor rango como Australia. El estado es un aparato de dominación de clase y con ello, su marco jurídico, puede ser amoldado e incluso desconocido en pro de los intereses de la burguesía local o las potencias extranjeras.

• -En este conflicto se han hecho presentes ONGs y partidos reformistas que posicionan a la consulta popular como un elemento determinante para la solución del conflicto. Sin embargo, a pesar de que en el art 57 n° 7 de la constitución se plantea la consulta previa a las comunidades sobre programas que puedan afectarlas ambiental o culturalmente, aclara que de ser negativa la respuesta, “se procederá conforme a la ley”. La ley en el art. 313 nos dice que el estado se reserva la decisión de regular, administrar, controlar y gestionar lo competente a sectores estratégicos (que incluye agua y biodiversidad). Es decir que la consulta popular no es vinculante y la decisión sobre actividades u otras que puedan afectar a la naturaleza y por ende a la soberanía de las nacionalidades, es solo decisión del estado. La consulta ha sido un recurso en el que se han apoyado las comunidades para hacer escuchar sus reclamos justos; sin embargo, no hay que pasar por alto que ésta ha jugado, en otros procesos, como un recurso de las ONGs y el reformismo para frenar la lucha y capitalizarla políticamente para intereses particulares. Ya se ha visto en casos como el de Carlos Pérez Guartambel, quien llegó a ser prefecto del Azuay y no hizo nada contra la minería en la zona.

• Finalmente es importante señalar la justeza de la lucha antiminera en Buenos Aires. Una lucha que ya se ha dado en otras zonas del país, y que en Imbabura ha logrado parar el ingreso de las compañías mineras y ha demostrado la fuerza que puede alcanzar la organización popular. Ante ello, Hardine se suma a los discursos oficiales e intenta deslegitimar la lucha alegando que quienes la promueven son gente relacionada a la minería ilegal que no permite la explotación de la compañía. Es así que se han válido de la Policía Nacional para intentar desalojar a los comuneros. Es verdad que están en juego intereses particulares, de distinto tipo, en el conflicto; sin embargo es fundamental reconocer esta lucha justa y encaminar acciones que permitan consolidar redes organizativas con una posición anticapitalista y antiimperialista que permita develar los problemas estructurales y hacerle frente a nuestros enemigos de clase.

Referencias

Cabascango, D. Bonilla, N. y Castaneira, I. (27 de abril del 2021). Buenos Aires, cierra el paso a la minería. La barra espaciadora. Recuperado de https://www.labarraespaciadora.com/medio-ambiente/buenos-aires-cierra-el-paso-a-la-mineria/

DNA6-0009-2020-[Contraloría General del Estado].Informe Gneral. 11 de marzo del 2020.

Primicias (16 de Marzo del 2021). Hanrine dice que detrás de minería ilegal en ‘Buenos Aires’ hay intereses políticos. Recuperado de https://www.primicias.ec/noticias/economia/hanrine-mineria-ilegal-merced-buenos-aires-intereses-politicos/

Tapia, E. (22 de Diciembre del 2019). Consesionaria de Buenos Aires, en Imbabura no puede entrara al sitio. El Comercio Recuperado de https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/concesionaria-buenos-aires-imbabura-mineria.html

Plan V. (3 de Junio del 2021). Ecuador: la guerra por el cinturón de cobre en Imbabura. Recuperado de https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/ecuador-la-guerra-el-cinturon-del-cobre-imbabura