El capitalismo imperialista es el sostén y desencadenador de la violencia y los negocios ilícitos

Sobre la crisis de seguridad en Ecuador

El país vive una crisis de seguridad que se suma a la crisis económica, social y política en la que estamos inmersos hace ya algún tiempo. El problema no es nuevo, simplemente se ha develado más abierta y brutalmente. Las contradicciones entre las bandas criminales, y entre algunos sectores de éstas y el gobierno, se han intensificado. Por ello desarrollamos este comunicado que pretende presentar nuestra posición ante el tema:

La violencia desatada desde el 1 de noviembre es la respuesta de uno de los sectores de las bandas criminales (Tiguerones, Lobos) a los acuerdos establecidos por el gobierno desde los primeros meses de su mandato con la otra parte (Los Choneros). Este trato ha incluido una serie de acciones para golpear a los grupos que no entraron en dicho acuerdo: operativos, capturas de líderes, hacerse de la vista gorda ante algunas masacres en las cárceles, y por último, el traslado a otro centro carcelario de algunos PPL´s.
Este nexo maquinado tras bastidores y ejecutado por altos funcionarios no tiene como objetivo establecer “la paz”, sino golpear a uno de los sectores, y mantener cierta gobernabilidad en un país cada vez más convulsionado por la profunda crisis que enfrenta.
El narcotráfico es un negocio en expansión en Ecuador, hemos pasado de ser un país vinculado marginalmente al tráfico de drogas, y con grupos poco consolidados a nivel nacional, a ocupar un puesto cada vez más importante en la cadena de valor del narcotráfico, incrementando exponencialmente nuestra participación en la producción, el refinamiento, el almacenamiento y el transporte de drogas. Hechos como el proceso de “paz” llevado en Colombia y la consolidación de los carteles mexicanos, han sido factores decisivos en ese sentido.
Esto ha incidido para que las bandas locales vinculadas a este negocio se consoliden, generalmente integradas hace algunos años a carteles mexicanos, los cuales desde los años 90 se expandieron en gran parte del mundo. En Ecuador, los grupos delincuenciales se fueron forjando en base a las necesidades operativas del negocio, dedicándose a otorgar apoyo logístico en producción, almacenamiento y transporte, pero además en el comercio interno, algo que pasó a ser manejado de una forma más sistemática. Todo esto ha provocado además la necesidad de un control territorial muy marcado que implica alianzas-enfrentamientos con la fuerza pública y el Estado y pugnas cada vez más encarnizadas con las bandas rivales. Es importante mencionar que dicho control territorial trae efectos colaterales para el pueblo en general y no únicamente para quienes estén vinculados a los negociosos ilícitos. Muestra de ello son las famosas “vacunas”, cada vez mas popularizadas en el varias zonas del país.
El gobierno de Lasso no ha querido asumir que esta problemática también tiene que ver con su ineptitud y compromisos, ha buscado acusar especialmente al gobierno de Correa sin asumir su parte. Es evidente que en el gobierno de la “revolución ciudadana”, y en el de Moreno, los grupos delictivos fueron expandiéndose, pero las contradicciones no reventaron por varios hechos: el grupo más fuerte estaba unificado hasta la muerte de José Luis Zambrano –Rasquiña-, y se ejecutaron tratos por debajo de la mesa que garantizaban el funcionamiento del negocio en “paz”. Es iluso pensar que un tema así puede desarrollarse en un par de años. Estos negocios y su expansión se vienen dando desde hace cerca de una década. Hay cosas evidentes en este gobierno y es que no ha hecho absolutamente nada para detener las masacres en las cárceles, hay una permisividad total para el ingreso de armas, básicamente han dejado que los ajustes de cuentas se realicen, y ha pactado con uno de los sectores involucrados, teniendo una gran responsabilidad en dicha problemática.
A pesar de la complicidad de los gobiernos de turno, este fenómeno va más allá. El problema de fondo no es “la derecha gobernando”, algo similar pasaría con un “gobierno progresista o de izquierda”, más aún en un país semicolonial como el Ecuador sometido a los dictámenes del imperialismo, y entendiendo además al narcotráfico como un negocio internacional. Capital y ganancia son los padres de la explotación, la corrupción estatal y las organizaciones delictivas. Dinero y hambre, la contradicción base para que estos fenómenos se expandan.
La intención de los estados no es acabar con estos negocios sino sostenerlos y profundizarlos pues son vitales para el funcionamiento del capitalismo imperialista. Es indispensable entender que en el capitalismo el capital se moverá a espacios donde sea más rentable, esa es la gran premisa ¿Ustedes creen que los grandes burgueses, quienes sostienen sus bancos y empresas gracias al lavado de dinero, y que funden sus capitales “lícitos” con los ilícitos, tienen la mínima intención de detener este fenómeno? Hay que ser muy iluso para pensar ello, basta con mirar lo que ocurre con Estados Unidos.
El narcotráfico se halla totalmente integrado con los diferentes estados burgueses en el mundo entero. Podríamos tomar el caso de Colombia, en el que el Estado realizó alianzas temporales con algunos carteles (que implicaban acuerdos para que puedan operar libremente) para golpear a otros.También se puede observar el caso mexicano en el que se cartelizó toda la industria del narcotráfico en un momento determinado para repartir parte de las ganancias a sectores económicos y políticos; o el caso de Veracruz, en el que el aparato estatal, a través de la gobernación, favoreció explícitamente la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación, que de hecho se conformó por un grupo de la armada disidente, quienes además permanentemente financiaban y financian a los diferentes partidos políticos.
Mucho se habla de que la solución a la crisis de seguridad es “mayor inversión social”, y paliativos para disminuir la pobreza. Visión reformista que no comprende que hacer ello dentro del capitalismo, y más aún en países semicoloniales como el nuestro, no es realizable. Atacar el problema de raíz es hacia donde debe girar la discusión, ver la causa y no solo las consecuencias. Pobreza, marginación, represión y exclusión son características inherentes al capitalismo, más aún cuando las redes delictivas dedicadas al narcotráfico, trata y esclavitud sexual, lavado de dinero, y venta de armas, promueven negocios en extremo lucrativos para el sistema, y subsistirán mientras este siga existiendo. Según un informe del Foro Económico Mundial, publicado por la BBC, el crimen organizado mueve grandes cantidades de dinero. Los negocios ilícitos a escala mundial recaudan 320 mil millones en el narcotráfico, 250 mil millones en falsificaciones, 31 mil millones en tráfico humano, por citar algunos datos.
Desde el Estado y los medios de comunicación se pretende estigmatizar a los consumidores y expendedores al menudeo señalándoles como los principales culpables, nada más alejado de la realidad. Este no es un tema simplemente cultural, jurídico o educativo, parte de la forma de producción en este sistema donde los microtraficantes y consumidores son simples eslabones de la gran cadena donde quienes se enriquecen son grandes capitalistas (empresarios, funcionarios estatales, altos mandos de la fuerza pública y narcotraficantes).
Hay una campaña orquestada desde el Estado y los sectores ultrareaccionarios de tratar de presentar a militares y policías como salvadores del país. Tratando de revitalizar una imagen totalmente desgastada por los hechos de corrupción y represión en los que han estado inmersos. En el auge delincuencial del país, las altas cúpulas especialmente, pero también mandos medios y tropa, están vinculados directamente a las bandas delincuenciales, recibiendo cuantiosas sumas de dinero y garantizando sus operaciones, lo que provoca además una lumpenización de las fuerzas represivas quienes no sólo son ya el brazo armado del capital lícito, sino también del ilícito.
El Estado y el gobierno no tienen la menor intención de frenar este fenómeno. No utilizan, ni utilizarán todo su aparato para contenerlo. Todo el “rigor de la ley” se utiliza para perseguir a luchadores populares y criminalizar la protesta, mientras los delincuentes de cuello blanco y los grandes narcotraficantes salen libres o realizan acuerdos que les permiten vivir cómodamente incluso en la cárcel. Los aparatos de inteligencia son puestos en marcha no para desarticular las bandas delictivas, sino para escuchar conversaciones, perseguir, y asediar a militantes de organizaciones políticas o populares. El armamento es destinado a la represión del pueblo, ahí no se escatiman recursos. El actual Ministro del Interior, Juan Zapata, politiquero arribista y oportunista, era un “tigre” para perseguir a madres y ancianas que trabajaban como vendedoras ambulantes cuando era secretario de seguridad de Rodas, y ahora simplemente desarrolla fachadas inútiles que no atentan contra la estructura de los negocios ilícitos, algo similar a lo que ocurrió con Romo y Carrillo.
El Ecuador nunca ha sido una “isla de paz” como pretenden hacernos creer, la violencia siempre ha estado presente en forma de exclusión, marginación, pobreza y falta de oportunidades para las masas populares. En los últimos años hemos visto cómo se incrementan los femicidios, las desapariciones, las muertes violentas; sin embargo, los hechos demuestran como el narcotráfico, la trata de personas, la prostitución forzada, entre otros ilícitos se entrelazan y convierten en sus blancos a mujeres y hombres de los sectores populares. El Estado se ha encargado históricamente de usar la represión para contener la protesta social, asesinando dirigentes y personas de los sectores populares, persiguiéndolos, judicializándolos, torturándolos o apresándolos. Paz ha existido para las élites dominantes, quienes han podido acumular riqueza y capital sin problemas, pero no para la gran mayoría de la población.
Hay que prestarle atención al tema ideológico y como esta crisis es presentada como un simple problema de bandas delictivas, cuando es algo estructural que obedece al sistema capitalista principalmente. Se han reproducido discursos ultrareaccionarios que sostienen que la solución es que “se maten entre ellos” (refiriéndose a los PPL´s y las bandas), desconociendo que mucha de la juventud y los sectores históricamente excluidos son presa fácil de las grandes bandas al no tener otra alternativa en un país donde no pueden educarse y las tasas de desempleo son cada vez más altas. Se ataca los derechos de la población, ubicando siempre la propiedad privada y tranquilidad de las élites para acumular como el aspecto central, y las otras problemáticas no se toman en cuenta. Los deseos de las élites dominantes de armarse e imponer su brutalidad como dueños de hacienda, algo a lo que siempre han estado acostumbrados, busca materializarse con el libre porte de armas. Las grandes mentiras de la “rehabilitación social”, en centros carcelarios desde donde se manejan grandes negociados, y si no te unes a una de las bandas estás destinado a morir simplemente, se amplifican a través del gobierno y los medios de comunicación. El ataque a los derechos humanos se utiliza para dar patente de corso a los excesos de la policía, el ejército y el Estado en su conjunto. Estos elementos van generando las condiciones para una abierta represión contra las masas populares cuando éstas se levanten contra la incapacidad de los gobernantes y el estado.
Esta crisis de seguridad se entrelaza y ahonda la profunda crisis económica, social y política que vive el país.El problema no se resolverá por las limitaciones estructurales que hemos señalado y sin duda alguna se agudizará.
Las organizaciones revolucionarias tienen la tarea fundamental de generar instancias en los sectores populares que orienten su energía a la lucha social, a cambiar su situación, a ejecutar espacios que permitan una proyección real de sus aspiraciones históricas, a recuperar el control perdido por la acción del estado y de las bandas delictivas.