LA ESTRATEGIA REPRESIVA HA SIDO PUESTA EN MARCHA

El gobierno de Moreno ha emprendido una estrategia orientada a criminalizar y obstaculizar las protestas en su contra. Su cometido es evitar otra explosión social. Existen algunos aspectos que es importante tomarlos en cuenta y que señalamos a continuación:

El gobierno utiliza la pandemia como excusa para frenar las protestas, descalificándolas a través de los medios de comunicación, tachando a los manifestantes de irresponsables, y tratando de reducir la capacidad numérica del pueblo a través de amenazas, modelando de esta forma la opinión pública; sin embargo la realidad termina imponiéndose arrasadoramente, pues por más esfuerzos que hagan la situación de los sectores populares es insostenible.
En los últimos meses, Moreno dotó de más recursos para equipamiento y compra de material represivo a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, además de entregarles prebendas y premios. Cabe recalcar que ellos son unos de los pocos sectores a los que no se les recortará sueldos, ni beneficios de ley, como ha ocurrido con la gran mayoría de la población.
La estrategia del Estado es clara: no permitir otra asonada popular como la ocurrida en Octubre. Para ello se encuentran implementando una serie de planes a nivel de negociación política, medios de comunicación, asistencialismo y propaganda.
En el aspecto jurídico-administrativo, el Ministerio de Defensa emitió el decreto 179, que permite entre otras cosas: la intervención inmediata de las fuerzas armadas en la contención de las protestas (atribución que principalmente corresponde a la policía); la utilización de armamento letal contra los manifestantes; la irrupción en movilizaciones y reuniones que consideren unilateralmente como peligrosas; además de establecer un amparo institucional para quienes ejerzan la represión contra el pueblo.
Los sectores populares desde abril se han movilizado contra las políticas del gobierno en lo laboral y educativo, combinando ello con exigencias en el campo de la salud y la alimentación. Ante todas las acciones de protesta en el país, el gobierno ha desplegado grandes contingentes de uniformados (en muchos casos superando la cantidad de manifestantes) que, con una actitud hostil, han detenido a varias personas en Guayaquil, Cuenca y otras ciudades.
Todo esto ha sido combinado con labores de amedrentamiento contra miembros de organizaciones populares, quienes son constantemente vigilados y perseguidos tanto en las calles como fuera de sus casas. Son múltiples los testimonios que dan cuenta de que policías de civil han estado haciendo averiguaciones a los vecinos de las personas vigiladas, filmando y tomando fotos de los lugares donde viven.
También han implementado cyber-ataques a las transmisiones en vivo realizadas por páginas de facebook de contra-información y pinchazos telefónicos a determinadas personas. Combinado esto con la activación equipos de trolls y un mapeo constante a las publicaciones de los grupos contrarios a su política.
Para contener los próximos levantamientos tratan también de desarrollar bases o espacios de contención de las protestas en los alrededores de los puntos más conflictivos. En esa línea, han cercado todos los alrededores del Palacio Presidencial con vallas y alambres de púas, acompañados de la presencia de grandes contingentes de policías y militares.
La estrategia es clara: neutralizar a los grupos organizados, sembrar temor en la población, activar los mecanismos de represión, y generar una opinión pública contraria a la lucha popular. Sumando a esto un claro intento de responsabilizar a las personas que se movilicen en relación a un futuro incremento de contagios del Covid-19. Todo esto es maquinado en las instancias de máximo nivel del gobierno, con la asesoría de los aparatos de inteligencia policial y militar, y con las fuerzas represivas activadas ante cualquier situación de riesgo.
Estos aspectos constituyen una clara vulneración de los derechos humanos y el legítimo derecho a la protesta y resistencia, en donde el Estado combina una táctica preventiva (vigilancia, seguimiento tecnológico y amedrentamiento) junto a una directa y abiertamente represiva (belicosa y numérica presencia policial) ante cualquier tipo de protesta en las calles.
Es importante denunciar estos hechos para que la población y la opinión pública tengan conocimiento. Sacar a la luz cualquier atropello existente, aplicar protocolos de seguridad y mantenerse vigilantes, sin dejarse amedrentar ni retroceder, es la consigna.
Hacemos responsable al Estado y sus diferentes instancias de lo que pueda ocurrir con los miembros de organizaciones o cualquier persona que ejerza su derecho a manifestarse.
Todos estos acontecimientos no atemorizan al pueblo, pues las causas objetivas, visibilizadas por la crisis actual, no han desaparecido. Los problemas se han agravado y la situación se vuelve insostenible. Las experiencias históricas demuestran que a más represión, más lucha; ante más abusos, más indignación.
Llamamos a los sectores populares a persistir en la lucha. Nada más justo que defender los derechos que históricamente nos pertenecen y que ahora pretenden ser conculcados.