Ciudad Ilegal

La toma e invasión de terrenos es un proceso común en los países semicoloniales y semifeudales. Una de sus causas es la migración del campo a la ciudad. A continuación, se presentan dos casos que ilustran ello. El primero, en Chile y el segundo, en Ecuador. Analizar estos casos es importante para conocer los tipos de movimientos y luchas que se generan alrededor de la defensa de los territorios en el sector urbano.

En el primer caso, según el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile, los asentamientos irregulares contabilizaron 29 mil familias en el 2011, para el año 2019 esta cifra llegó a 47 mil y para fines de marzo del año en curso la cifra se aproximará a 82 mil familias. Las condiciones de vida inhumanas que impone el capitalismo obligan a la ocupación de terrenos que, a pesar de estar desprovistos de condiciones mínimas de sanidad o infraestructura, las familias oprimidas ven en ellos su única solución.

El problema de la vivienda en Chile debe ser visto desde varias aristas; primera, la incompatibilidad entre precios de viviendas, salarios precarizantes y especulación, y segunda, el monopolio del sector habitacional y de construcción.

Para ilustrar la incompatibilidad entre salarios y precios de vivienda se presenta la imagen de relación precio de la vivienda contra remuneraciones 2010-2018. En esta imagen se observa cómo el precio de la vivienda se dispara a partir del año 2010, mientras las remuneraciones crecen mucho más lento. Mantener esta brecha es uno de los mejores artilugios del capital financiero para captar cuantiosas rentas de capital fijo a largo plazo.

Respecto al monopolio del sector habitacional y de construcción, los grandes y medianos propietarios mantienen durante largos años sus terrenos, ubicados en lugares céntricos, sin modificación, en búsqueda de obtener grandes réditos a futuro. El monopolio localizacional de tierras urbanas genera grandes cinturones de miseria. Es decir, da origen a la segregación socio-espacial basada en la capacidad de pago para obtener un terreno.

Como respuesta a la falta de vivienda los chilenos han optado por la invasión y toma de tierras. Frente a esto, el Estado maneja la política de desalojo y represión mediante la propuesta de reformar la normativa sobre ocupaciones ilegales, a través del proyecto de ley de “Usurpación de Terrenos”, señalando que las herramientas legales son insuficientes para criminalizar a las familias ocupantes. Algunas de las medidas que se pretenden adoptar son:

- “Delito flagrante permanente”, que pretende extender ininterrumpidamente la actuación policial, con lo que podrán tomar medidas contra la ocupación de terreno en cualquier momento.

- Cambio de delito civil a penal, que implica que las familias ocupantes agravian al resto de la sociedad con castigos que pueden contemplar no solo algún tipo de retribución económica, sino además imponer penas de prisión de 541 días a 3 años de cárcel.

Los ocupadores han sido perseguidas constantemente para desalojarlos. No obstante, se han creado formas de lucha para defender los espacios: estas van desde la reciprocidad, organización de directivas, autogestión, búsqueda de legalización, hasta la organización de grandes movilizaciones para enfrentarse con la policía que intentan expropiar a las familias.

En el caso de Ecuador, la ciudad ilegal se ha desarrollado tanto en la sierra como en la costa, siendo en esta última, específicamente Guayaquil, en donde se han mantenido más altos y por más tiempo los niveles de represión y lucha. Esto debido al “modelo exitoso” implantado por la burguesía que maneja esa región.

En Guayaquil las invasiones iniciaron a mediados del siglo XX, comenzaron en Mapasingue, nació el suburbio, el Guasmo, entre otros. Las tomas de terrenos han sido una de las principales formas de crecimiento de la metrópoli en cuestión. Actualmente, el Estado no conforme con la pobreza que inflige sobre los habitantes, los encarcela, persigue y criminaliza.

La pandemia fue una excusa para que el municipio de Guayaquil planee operativos en los que, según declaraciones de la Secretaría Técnica de Asentamientos Irregulares, se detuvieron a 15 personas y sentenciado a 20 hasta junio del 2020. Estos operativos se desenvolvieron en Ciudad de Dios, Cañaveral y Monte Sinaí especialmente.

Operativos para desalojar invasiones Guayaquil 2020

A los habitantes del sector se los acusa de hurto de energía, hurto de agua potable, tráfico de tierra, estafa. Si bien, las invasiones son el escenario donde se desenvuelven los traficantes de tierra que se aprovechan de la imposibilidad a la que el Estado asegure un hogar a la población, es mayor la cantidad de familias que el municipio y la policía arrojan sin piedad a la calle.

Para el Estado burgués y semicolonial ecuatoriano invadir un predio estatal o privado es un delito, buscar un sitio donde vivir es una transgresión, pretender tener servicios básicos es un crimen, pero construir ciudades dentro de ciudades como lo hace Isabel Noboa mediante su constructora Pronobis, y monopolizar tanto la tierra como el agua de Guayaquil es un “modelo exitoso”.

Al igual que en Chile, la especulación financiera, la monopolización de las tierras urbanas, y las políticas que benefician al capital inmobiliario generan graves problemáticas sociales; en Guayaquil son las siguientes: gentrificación, aumento de la pobreza y pérdida de patrimonio, destrucción del tejido social, despojo, desplazamientos, reubicación, carencia de servicios básicos, pérdida fuentes de trabajo, destrucción de identidad barrial y conflictos en la propiedad del suelo.

Cabe mencionar que la ciudad ilegal es uno de los principales sitios donde acuden los politiqueros en campaña, con la falsa promesa de legalizar tierras. Como ejemplo se tiene la campaña de Cynthia Viteri, quien prometía regularizar Monte Sinaí y que con la excusa de la pandemia lo que hizo fue intentar desalojar a los habitantes.

En fin, el problema de las invasiones muestra la importancia que tiene en ambos países el capital financiero y de la construcción. También, cómo en el sistema capitalista imperialista, la propiedad privada se encuentra por encima de los derechos de las mayorías, y como la burguesía parásita utiliza a sus esbirros en altos cargos dentro del municipio para aprobar leyes que favorezcan al capital inmobiliario.

Los revolucionarios deben tomar en cuenta estas reivindicaciones ya que nos permite organizar a amplios sectores del pueblo para mejorar sus formas de lucha, no solo en cuanto a servicios básicos, también contra los caudillos traficantes de tierras, la delincuencia, organizar también entorno a lo juvenil, cultural, deportivo y todo lo que atañe al bienestar de las masas.